Matías Lobos - Curriculum Vitae abreviado

- Licenciado en Ciencia Política (2000), Diploma de Honor, Universidad de Buenos Aires.

- Especialista en Política, Evaluación y Gerencia Social (2002), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

- Miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional y de la Mesa de la Nueva Generación de la Coalición Cívica (2007).

- Secretario de Formación Política de Unión Por Todos (2007 - presente)

- Asesor parlamentario en el bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados de la Nación (2007 - presente).

- Asesor parlamentario en el bloque de la Coalición Cívica de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en las áreas de educación y desarrollo social (2007).

- Asesor parlamentario en el bloque de Unión para Recrear Buenos Aires de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el área de desarrollo social (2004).

- Coordinador del equipo técnico de desarrollo social de Unión por Todos (2003 y 2005).

- Subsecretario de Pensamiento Político y Filosófico de Unión por Todos (2004).

- Docente e investigador social. 

matiaslobos73@yahoo.com.ar

La corrupción embrutece, empobrece y mata

Los recientes casos de corrupción del gobierno nacional permiten aseverar que la corrupción estructural continúa en el manejo de los asuntos públicos. La Coalición Cívica desea expresar que la corrupción no es solo un problema relacionado con la ética y la moral individuales de los actores involucrados. Es ante todo un problema que afecta la vida cotidiana de toda la sociedad argentina. 

¿Cómo afecta la corrupción en la vida de todos los argentinos?

 La corrupción implica en primer término un deterioro de las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. El dinero público saqueado por los funcionarios es dinero que no va a la infraestructura escolar, al aumento de los salarios docentes, a las becas de estudio, a las raciones de comida de las familias indigentes, a los insumos hospitalarios básicos del sistema de salud, al aumento de jubilaciones y pensiones. El dinero que se roba al pueblo es dinero que no vuelve a la sociedad en políticas públicas efectivas que solucionen las problemáticas concretas. ¿Cuántas escuelas se pueden construir con el dinero robado? ¿Cuántos hospitales se pueden mejorar con ese dinero? ¿Cuántos niños podrían volver a la escuela? ¿Cuánta comida se podría ofrecer? ¿Cuántas vidas se pueden salvar corrigiendo los desvíos fraudulentos? Un niño que no estudia, un niño que no se alimenta y un enfermo que muere también es responsabilidad de la corrupción de los funcionarios que han optado por el saqueo. 

La corrupción supone en segundo término una pérdida de calidad institucional. Los funcionarios que no cumplen con sus deberes en forma apropiada deterioran la legitimidad de las instituciones republicanas y democráticas. Un legislador que recibe una coima para votar una ley contribuye a la erosión de la imagen institucional del Congreso frente a la sociedad. Los colaboradores ejecutivos del presidente que viajan con valijas repletas de dólares no declarados contribuyen a generar una pérdida de legitimidad de la institución presidencial. Los jueces que no aplican la justicia de forma proba ayudan a profundizar la desconfianza de la ciudadanía en los fueros judiciales. La corrupción estructural mina la confianza de los argentinos en sus instituciones y agudiza la separación entre representantes y representados. La corrupción hace que las instituciones sean percibidas con recelo y desconfianza; y en una sociedad que no confía en sus instituciones el resultado se vuelve previsible: la anomia se apropia de las relaciones sociales, el individualismo se exacerba y todo vivimos una “guerra de todos contra todos”. 

Finalmente, la corrupción impacta en el desarrollo económico. Se ha comprobado que un estado transparente y eficiente puede generar reglas claras para todos los actores económicos. Un estado que propone tales reglas, es un estado que propone la conformación de mercados de competencia leal, en los cuales se ven beneficiados los capitalistas que apuestan por dicha competencia y los consumidores que se ven liberados de tendencias monopólicas u oligopólicas. La corrupción de los funcionarios públicos conduce inexorablemente a la formación de redes de corrupción en las cuales los empresarios se transforman en piezas vitales. El desarrollo económico basado en la competencia abierta y transparente genera un sector económico altamente competitivo a nivel internacional; que no requiere de protecciones especiales por parte del estado. Un estado que se libera de la corrupción estructural desata gran parte de las redes de corrupción en los que se afincan los intereses capitalitas mezquinos, y posibilita un desarrollo económico con equidad distributiva. 

La tarea de recuperar la memoria

El gobierno del presidente Kirchner ha encarado una política de derechos humanos que se sustenta en una supuesta “recuperación de la memoria histórica”. Frente a esta política nos atrevemos a formular los siguientes interrogantes:

1. ¿Para qué le sirve a un pueblo tener una memoria histórica?
2. ¿Qué características debe asumir un proceso de recuperación de la memoria histórica?
3. ¿Qué papel debemos tener los jóvenes entre 20 y 40 años en este proceso de recuperación de la memoria histórica?

 Frente al primer interrogante podemos ensayar las siguientes reflexiones a modo de respuesta. Un pueblo que no tiene memoria se transforma en una entidad colectiva sin pasado. Un pueblo sin pasado no puede comprender cabalmente su presente y se encuentra con serios problemas para proyectar su futuro. La memoria se constituye entonces en un insumo vital para vivir el presente y para diseñar los proyectos del mañana. Desde este punto de vista no podemos más que apoyar todas las acciones estatales tendientes a recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Las divergencias con este gobierno se presentan frente a la segunda pregunta propuesta. Un proceso de recuperación de la memoria debe ser completo e integral, y nunca parcial y fragmentado. Un proceso del primer tipo conduce a una reconciliación nacional auténtica, superadora de la conflictividad social pasada y basada en los principios de verdad y justicia. Un proceso del segundo tipo nos lleva de manera inexorable a una perpetuación de las diferencias, a un renacimiento permanente de las fracturas internas y a una manipulación maniquea y mentirosa del pasado en común de la nación. 

Estas reflexiones están muy alejadas de justificar la violencia política de los años setenta y ochenta con la teoría de los dos demonios. Jamás las acciones violentas de grupos de la sociedad civil pude justificar los delitos de lesa humanidad, perpetrados en el marco del terrorismo de estado por los miembros de las fuerzas armadas que usurparon el poder a través de un golpe de estado. Los responsables de tales crímenes merecen todo el castigo legal que el sistema jurídico nacional e internacional contemple. En este sentido celebramos los recientes fallos de la Corte Suprema declarando inconstitucionales los indultos presidenciales y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.  

Pero el proceso de recuperación de la memoria, si desea ser competo e integral, no puede poner como fecha de inicio de la violencia política el mes de marzo de 1976. La violencia política no fue monopolio exclusivo de los militares golpistas. Nuestra sociedad estuvo infectada de autoritarismo y de violencia mucho antes de marzo de 1976. El golpe de estado de 1930, las cámaras de torturas que funcionaron bajo el amparo de Lugones, los enfrentamientos entre peronistas y antiperonistas, los fusilamientos de José León Suárez relatados en Operación Masacre, los pronunciamientos militares en el gobierno de Frondizi, el derrocamiento de Illia, las luchas entre azules y colorados en las filas castrenses, los levantamientos populares durante el gobierno de Onganía; son solo algunos ejemplos de una sociedad que no procesaba sus conflictos en un marco de respeto de las instituciones democráticas y republicanas. La complicidad de un sector importante de la sociedad civil en todos los quiebres del orden constitucional y la responsabilidad de una gran cantidad de dirigentes políticos civiles en la gestación de los golpes cívico - militares son acontecimientos que no pueden ser olvidados en la reconstrucción de la memoria histórica.  

Una mención aparte merecen las organizaciones que decidieron iniciar el camino de la lucha armada en los años sesenta y setenta. Resultaría demasiado fácil, pero equivocado, traspolar nuestra concepción democrática y republicana a los militantes de esas décadas. Pero si bien es cierto que en esos años muchos no creían demasiado en la democracia y en los esquemas republicanos, algunos tuvieron la lucidez de advertir sobre los peligros y los riesgos que entrañaba la introducción en los senderos de la lucha armada. Y lo que no podemos pasar por alto en la recuperación histórica es la autocrítica que muchos de los que “cargaron fierros” han producido en estos tiempos actuales. Las persecuciones sanguinarias a los compañeros disidentes, las “cárceles del pueblo” donde no solo se ajusticiaba a los enemigos sino que también servían para “proletarizar por la fuerza” a los camaradas que continuaban con las “desviaciones burguesas”, son solo algunas muestras elocuentes de un proyecto que tenía un solo destino: el totalitarismo (de izquierda, pero totalitarismo al fin).  

¿Qué papel debemos jugar los jóvenes en este proceso de recuperación de la memoria histórica? Muchos de nosotros éramos niños y pasamos a ser adolescentes cuando se produjo la primavera democrática de los años ochenta. No vivimos la dictadura, vimos a nuestros padres marchar a la Plaza de Mayo y a los cuarteles militares para defender la democracia cuando esta era asediada por los “carapintadas”, vivimos nuestros años veinte en una década en la cual con legitimidad democrática se saqueaba el país y se arrojaba a miles de compatriotas a la exclusión, vivimos una democracia que ha mostrado que “no educa, que no da de comer y que no cura”, vivimos una democracia que presenta rasgos autoritarios, vivimos una democracia que no protege la vida, una democracia que avala el “roba pero hace”. Pero todos nosotros tenemos grabado a fuego en nuestro inconsciente la promesa democrática no cumplida. Sabemos que lo que tuvimos antes del 83 fue la experiencia más trágica de nuestra historia como pueblo. Sabemos que una democracia autoritaria, ineficiente en la resolución de los problemas, y basada en una matriz de saqueo permanente; no satisface nuestro ideal de nación. Pero sabemos que a nosotros nos corresponde una tarea histórica: perfeccionar nuestra democracia convirtiéndola en pluralista, republicana e inclusiva.         

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar

Los padres fundadores del populismo (Julio 2007)

Las siguientes reflexiones sobre la cuestión del populismo en Latinoamérica tienen una doble finalidad: contribuir a la comprensión de las causas que originan este fenómeno y proponer estrategias políticas superadoras del mismo. 

¿Qué entendemos por populismo? Este término se ha generalizado para designar movimientos políticos con fuerte apoyo popular pero que no buscan realizar transformaciones muy profundas del orden de dominación existente, ni están principalmente basados en una clase obrera autónomamente organizada, pero están marcados por un liderzazo anclado en sectores externos a las clases obrera y campesina, y se encuentran sesgados por una fuerte vinculación entre masa y líder en gran medida carismática. Los fenómenos denominados bajo el rótulo de populismo se caracterizan por canalizar las demandas sociales a través de mecanismos clientelares. De esta forma, muchos ciudadanos latinoamericanos resuelven sus problemas de sobrevivencia cotidiana mediante los favores, bienes y servicios provistos por los mediadores políticos locales. Estos mediadores actúan en sus comunidades como referentes del líder, gozando del poder posicional que acompaña a su función mediadora y canalizando recursos desde el patrón a los clientes, y votos y apoyo desde los clientes a la persona que controla los recursos materiales y simbólicos. Los mencionados mecanismos funcionan sobre la base de una apropiación privada de los recursos públicos, ya que los bienes materiales y simbólicos distribuidos a cambio de lealtad se entregan a través de redes absolutamente discrecionales. La consecuencia de estos procesos es bastante conocida: los ciudadanos se ven obligados a canjear cuotas de libertad política a cambio del ejercicio de derechos sociales básicos (salud, alimentación, educación y vivienda).

 ¿Por qué se ocasiona el populismo en Latinoamérica? La mejor respuesta a esta pregunta la pude leer en el reciente libro de Tomás Abraham “El presente absoluto”, en este libro el autor sostiene: “… Un hombre despojado de su humanidad, sin trabajo, con los hijos sin futuro y con el presente del hambre, además de padecer la humillación de una sociedad que le explica que lo que ofrece en los escaparates dorados no lo merece, despreciado por el estado que nada ha hecho sino burlarse de él, con una clase cultural que se viste de bronce y de apellidos y lo denigra con su verba empacada, encuentra en el caudillo, en el puntero, en la unidad básica a alguien que le dio algo, una chapa para el techo, una escuela en la que los hijos puedan desayunar, una caja con alimentos, una changa en la municipalidad, es decir que encontró respeto, y devuelve con lealtad…”.  

Los líderes populistas fueron y son (¿y serán?) la respuesta a regímenes políticos aristocráticos (¿u oligárquicos?) que bloqueaban la participación democrática de las masas (sectores medios y obreros), que  también condicionaban el ejercicio de los derechos sociales a la demostración de lealtad (los conservadores en Argentina pueden dar fe de la utilización de mecanismos clientelares mucho antes de la llegada al poder de los denominados líderes populistas). No puedo dejar de olvidarme la famosa fórmula alberdiana: libertades civiles para todos, libertades políticas para pocos. La llamada “chusma” no estaba en condiciones de ejercitar sus derechos republicanos. La república posible de Alberdi (inspiradora del orden conservador de los ochenta en el siglo XIX y de la restauración conservadora en la década del treinta del siglo XX) sostenía la imperiosa necesidad histórica de alejar al pueblo de la conducción del estado, y reservarle esa tarea a un grupo reducido de ciudadanos educados y aptos para las tareas de gobierno. La república verdadera (derechos civiles y políticos para todos los ciudadanos) tenía que esperar. De esta forma, república y democracia tomaron senderos opuestos. La democracia no se hizo esperar y llegó de la mano de los caudillos que supieron canalizar las demandas de las masas. Y esa democracia no adquirió la forma republicana que muchos hubiéramos pretendido. Asumió formas populistas, plebeyas, caudillistas. ¿Podría haber surgido un Perón sin los gobiernos conservadores que lo antecedieron? ¿Hubiéramos tenido un Yrigoyen sin el orden conservador de los ochenta? ¿Quiénes parieron a Chávez en Venezuela? ¿Quiénes engendraron a Velasco Alvarado en el Perú? ¿Por qué un Kirchner en la Argentina logra aumentar su legitimidad a fuerza de obras, chequera y promesas encendidas? No temo a equivocarme con la siguiente afirmación: los padres fundadores del populismo fueron y son todas aquellas fuerzas políticas que montaron modelos políticos cerrados que no quisieron dar respuesta a las demandas populares.

¿Cómo superar el populismo en Latinoamérica? Todas las fuerzas que aspiramos a ofrecer propuestas superadoras al populismo deberíamos considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificar las demandas sociales insatisfechas y diseñar políticas públicas efectivas para la resolución de las mismas. Se debe mostrar con gestión que los problemas se resuelven.
2. Implementar políticas sociales universales que permitan el ejercicio de la ciudadanía sin intermediarios que pretendan lucrar políticamente con la entrega discrecional de bienes materiales y simbólicos.
3. Apelar a la construcción de una ciudadanía activa que comprenda que los derechos deben “ganarse desde abajo”, y no contribuir a la perpetuación de una ciudadanía pasiva que espera los favores y las dádivas “desde arriba”.
4. Favorecer la construcción de una ciudadanía integral que reconozca la importancia de pelear por la vigencia plena de la totalidad de los derechos, pero que al mismo tiempo reconozca la necesidad de forjar una ciudadanía que cumple con sus responsabilidades y obligaciones.
5. Y por último, emprender el difícil camino de reconciliar la república con la democracia, reconociendo que en nombre de la primera se pisoteó la segunda, y viceversa; sabiendo que una verdadera democracia pluralista que respete a las mayorías integrando a las minorías solo es posible a través de la vigencia plena de la institucionalidad republicana.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar

El abanderado del progresismo (Julio 2007)

El presidente Kirchner elabora tenazmente su juego presentándose como el líder de un espacio político que pretende fundarse en bases ideológicas progresistas. Para conseguir esto debe presentar a la década del noventa como “la segunda década infame”, debido a que en el imaginario presidencial (y en el de muchas mentes lúcidas) las políticas públicas implementadas en aquel período constituyen la concreción empírica irrefutable del “neo liberalismo”. 

Si los noventa fueron la “fiesta neoliberal” y los Kirchner y su séquito conforman “la renovación progresista”, me atrevo a preguntarme lo siguiente:

1. ¿Qué hacían los principales operadores políticos del presidente en los noventa y en los setenta? Daniel Scioli fue primer candidato a diputado por el PJ en la lista menemista, Aníbal Fernández fue intendente de Quilmes y proclamaba rabiosas consignas menemistas en sus campañas locales, Alberto Iribarne fue viceministro del interior del caudillo riojano, Felisa Miceli era directora de presupuestos provinciales en la gestión de Martínez de Hoz, Ginés González García recibía directivas militares cuando revistaba como médico auditor de la UOCRA, Felipe Solá fue secretario de agricultura – ganadería y pesca de Menem, Enrique Albistur era el jefe de campaña de Carlos Grosso, Alicia Kirchner fue directora de asuntos comunitarios del ministerio de asuntos sociales de Santa Cruz durante la dictadura, Eduardo Luis Duhalde fue abogado de la SIDE durante la gestión de Hugo Anzorreguy, Oscar Parrilli fue miembro informante de la privatización de YPF, Víctor Santamaría fue diputado de la ciudad por la agrupación que lideraba Gustavo Béliz, Rafael Bielsa fue asesor en la secretaría legal y técnica del menemismo, Carlos Bettini fue jefe de gabinete del ministerio de justicia en tiempos del menemato, Daniel Filmus participó de los gestiones de Grosso y de Decibe en el área educativa en los niveles del gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional respectivamente. Les aseguro que la lista sigue pero “las frutillitas del postre” son para Kirchner y su esposa: el actual mandatario recibía a Menem como el gran presidente argentino que estaba transformando el país, y la senadora Cristina forzaba a la legislatura de Santa Cruz a avalar la privatización de YPF. Frente a estos antecedentes una conclusión que se cae por el peso de la obviedad: los Kirchner y sus principales delfines no fueron espectadores pasivos en los noventa, sino que fueron actores activos involucrados en los procesos desarrollados en esa década que hoy tanto demonizan.
2. La transversalidad fue un discurso usado por el actual presidente en sus primeros años de gobierno para captar apoyos por afuera de la estructura tradicional del PJ. Se suponía que con dicha transversalidad el kirchnerismo iba a poder romper el “cerco duhaldista” y generar bases de sustentabilidad social alternativas al “aparato pejotista” (definición utilizada por el propio Kirchner para denostar a la estructura del PJ). En ese momento Duhalde sostuvo que la tan mentada transversalidad no era otra cosa que el tradicional movimientismo peronista presentado en un nuevo envase. ¿Quiénes fueron captados por la transversalidad kirchnerista, para liquidar el “aparato pejotista”? Julio Pereyra (intendente  de Florencia Varela) acaba de anunciar que el presidente le prometió a su distrito un puente, un hospital regional, varias escuelas y 5000 casas; Alberto Descalzo (intendente de Ituzaingó) recibirá de la presidencia obras públicas destinadas a mejorar la red cloacal y un túnel; Mario Ishii (intendente de José C. Paz) recibió 147 emprendimientos financiados por el gobierno nacional; Fernando Espinoza (intendente de La Matanza) extendió la red de agua potable y ensanchó la ruta 3 con dineros provenientes de la nación; Manuel Quindimil (histórico intendente de Lanús y reacio a caer en las redes K) recibirá este año obras públicas por un valor superior a los 50 millones de pesos; la historia se repite en Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes, San Fernando, Tres de Febrero. El mecanismo de compra de lealtades es sencillo: la lealtad se paga con obras públicas financiadas por el ministerio de Planificación. Los que hoy le profesan lealtad a Kirchner son los mismos que le juraban “amor eterno” a Duhalde y a Menem. La transversalidad kirchnerista sumó algunas voluntades por afuera del PJ, especialmente agrupaciones sociales de origen piquetero; pero no reemplazó al “aparato pejotista” sino que lo compró. Los muchachos como dignos “perros fieles” entendieron que llegaba la hora de cambiar el collar; ayer lo tenía Duhalde, hoy lo tiene Kirchner. Pero dejemos en claro un verdad de perogrullo: estos muchachos no son portadores de banderas ideológicas progresistas, la única ideología que conocen es la “ideología de la chequera”.
3. Y por último: ¿lidera Kirchner un proyecto político que conduzca los destinos del país hacia la equidad social, principal objetivo progresista? Resulta imprescindible advertir el diagnóstico de Guillermo O´Donnell sobre el actual gobierno: “… este tipo de gobiernos delegativos y decisionistas tienen una característica muy peligrosa: cuando vienen épocas de vacas flacas no tienen soporte institucional. Es decir: no hay un conjunto de instituciones con poder, recursos y prestigio, para que el país ande bien y con capacidad de contención. La tarea de erosión institucional emprendida provoca que no haya red. Esta carencia tiende a provocar desplomes drásticos…”. Es en este punto donde debemos reflexionar sobre la relación entre calidad institucional republicana y desarrollo económico con equidad distributiva. Las instituciones sólidas son requisitos indispensables para construir políticas públicas estables y duraderas que combatan la desigualdad extrema y consigan una distribución equitativa del ingreso nacional. En este sentido el ejemplo chileno es perfecto: luego de más de 15 años de continuidad de políticas públicas implementadas por instituciones confiables y respetadas se pudo reducir la pobreza un 50 % y la indigencia un 75%.

        Matías Lobos

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El gobierno y la oposición de cara a la elección nacional de octubre (Julio de 2007)

• El gobierno del presidente Kirchner viene atravesando los últimos meses una serie de traspiés electorales: primero fue Misiones, luego siguió Neuquén y finalmente llegó la combinación de derrotas en la Capital Federal y en Tierra del Fuego. Frente hasta esta situación, gobierno y oposición pueden estar tentados en cometer dos errores. El primero puede llegar a considerar las mencionadas derrotas como simples y esporádicos episodios locales, desde esta lógica el gobierno puede llegar a pretender hacer de las derrotas meros y simples fracasos electorales que se produjeron solo por cuestiones políticas que se corresponden con realidades particulares, evitando de esta forma que los traspiés sufridos se trasladen a la elección nacional de octubre. La segunda puede analizar los resultados citados como el producto del hartazgo generalizado de una mayoría silenciosa de ciudadanos con la política nacional del gobierno que encabeza el líder patagónico, suponiendo de esta manera que las derrotas sufridas por el oficialismo en los ámbitos locales se trasladarán en forma automática a las elecciones de octubre, con lo cual estaríamos viviendo los comienzos del fin de la era pinguina. Sintetizando los argumentos, el oficialismo puede estar tentado con menoscabar las derrotas locales sufridas, y la oposición puede ilusionarse con pensar que la totalidad de votos opositores en las instancias locales se fusionarán en un rechazo generalizado y homogéneo al proyecto del presidente.

• Considero apropiado remarcar algunas cuestiones básicas que pueden contribuir a despejar el panorama político actual:

     a. Los votantes del oficialismo y de la oposición (en todos los distritos del país), votan en un marco generalizado de escepticismo y desidentificación partidaria (todos los partidos políticos, nuevos y viejos, atraviesan por una crisis de representación)  y política (la inmensa mayoría de los argentinos no se identifica con ninguna ideología determinada); salvo una minoría que vive el microclima político – electoral, la gran mayoría de los ciudadanos emite sus votos sin considerar en demasía las divisiones tradicionales entre izquierdas y derechas. Desde esta óptica, no resulta aventurado pensar que votantes del Movimiento Popular Neuquino, o de Propuesta Republicana, o del ARI, o del Frente Cívico y Progresista (Santa Fé) opten por el pingüino o su esposa en octubre. Ni el oficialismo ni la oposición pueden creer que tienen un cheque en blanco de la ciudadanía, todos están bajo la lupa y todos son llamados a rendir cuentas. Cómo dice el dicho campestre “nadie tiene la vaca atada”.

   b. El oficialismo debería considerar que los simples equilibrios macroeconómicos son una condición indispensable para generar gobernabilidad, pero no la única. Muchos de los votos opositores al gobierno encuentran su fundamento último en la corrupción enquistada en el manejo de los presupuestos públicos(Skanska), en el autoritarismo hegemónico del estilo de acumulación del poder del presidente, en los problemas severos de regulación de los servicios públicos (transporte), en la falta de previsión de inversiones en áreas claves de la economía (electricidad), en la baja calidad institucional de las instituciones republicanas (consejo de la magistratura), en el manejo discrecional de las estadísticas oficiales (intervención del INDEC), en la falta de control de la inflación y en ciertos alineamientos internacionales (Cháves usando Argentina como tribuna para emitir sus falsas diatribas contra el imperialismo yanqui).

     c. La oposición tendría que percibir en su diagnóstico de la situación que “el helicóptero de De La Rúa” sobrevuela aun hoy las mentes de muchos compatriotas. Esto supone que un paradigma de construcción alternativo para las fuerzas de oposición podría ser el siguiente: GESTIÓN + GOBERNABILIDAD + CONSTRUCCIÓN DESDE LO LOCAL HACIA LO NACIONAL. Frente a la crisis traumática de la ALIANZA en 2001, las alternativas opositoras deben mostrar experiencias de gestión comprobables y empíricas, que demuestren con realidades palpables las posibilidades reales de un modelo alternativo. El desafío complementario para la oposición radica en mostrar niveles de gobernabilidad razonables en las experiencias locales, que le permitan comprobar a la ciudadanía la fortaleza y la densidad política de los proyectos alternativos. Es por estas razones que la sociedad ya está dando chances concretas de gobierno a la oposición en ámbitos locales. La construcción de una alternativa nacional para la oposición pasa necesariamente por un camino que debe ir desde lo local hacia lo nacional. Los triunfos del ARI en Tierra del Fuego, del PRO en la Capital Federal y un casi seguro del Frente Cívico en Santa Fé, son perlas para la oposición que deben ser cuidadas con suma cautela. Será difícil un cambio de gobierno nacional si estas fuerzas no demuestran capacidad de gobierno provincial.

      d. Por último, se escucha bastante en estos días la hipótesis de que si la oposición va desunida en la primera vuelta esto podría generar una dispersión tal del voto que le impida al matrimonio presidencial llegar al 40% de los sufragios. Me temo que tal dispersión podría generar los efectos contrarios, esto es una tracción de votos hacia el oficialismo. Siguiendo el razonamiento que llevo hasta este punto: si la oposición a nivel nacional no logra unirse con un proyecto que genere confianza de gestión y seguridad de gobernabilidad, es muy probable que muchos votos opositores en los planos locales se trasladen a la opción oficialista en el plano nacional. Rematando con un dicho popular: “más vale malo conocido que bueno por conocer”.      

     Matías Lobos

    matiaslobos73@yahoo.com.ar    

¿Cómo debería votar el verdadero progresista porteño? (Junio de 2007)

La estrategia utilizada por el oficialismo para devastar a la figura de Macri es clara y precisa: la estigmatización de la década del noventa y la adhesión automática del líder del PRO a la mencionada década.

 Considero conveniente que el electorado que se autodefine como progresista en la ciudad de Buenos Aires, evalúe los siguientes aspectos a la hora de considerar si el gobierno del Presidente Kirchner cumple verdaderamente con los umbrales mínimos de progresismo. 

El diario Página 12 en la llamada “segunda década infame”  informaba en forma diaria los incontables casos de corrupción que se sucedían en la gestión menemista. Así fue como la práctica del saqueo indiscriminado de la Nación se convirtió en una verdad que no podía ser ocultada. Hoy, lamentablemente y salvo contadas excepciones, la prensa argentina no difunde con tanta asiduidad los casos de corrupción de la gestión gubernamental, pero todos sabemos que la matriz cleptocrática no se ha desactivado. Los casos de sobreprecio de la obra pública que han salido a la luz en las últimas semanas son una muestra insoslayable de lo antes dicho. Este gobierno continua saqueando las arcas públicas. Ayer el progresismo se preocupaba con justa causa por el saqueo de la Nación, hoy no puede mirar para otro lado y justificar la corrupción del actual gobierno.

 En los anos noventa; la manipulación de las instituciones republicanas, y especialmente la de la justicia; ocupaba un lugar destacado en la agenda de preocupaciones progresistas. La matriz cleptocrática solo podía funcionar con impunidad, y esa impunidad solo se garantizaba con una justicia obediente del poder político. Fue así que el punto más álgido en la mencionada manipulación llegó con el aumento del número de jueces de la Corte Suprema que respondían las directivas expresas del entonces presidente. Actualmente, la manipulación de las instituciones republicanas continúa. Si bien el actual presidente ha efectuado una renovación del máximo tribunal, por debajo ha alterado la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura aumentando la representación del oficialismo en dicha institución. Es en este punto donde la manipulación sigue, y el razonamiento que lleva adelante el gobierno es sencillo: ellos necesitan la misma impunidad que precisaban los funcionarios menemistas. Hoy, un verdadero progresista no puede pasar por alto esta cuestión, salvo que la impunidad que oculta el robo del estado ya no sea más una inquietud atendible.

 La política de derechos humanos ha sido siempre una preocupación sobresaliente en el campo progresista. La derogación de las leyes de punto final y obediencia debida son una adelanto indiscutible en esta materia. Pero cabe recordar los contextos históricos en los cuales acontecen los procesos políticos. Las leyes mencionadas fueron sancionadas luego de que los miembros de las juntas militares fueron juzgados por los crímenes cometidos en la esfera de la justicia civil, y fueron el instrumento utilizado para la contención de los alzamientos militares carapintadas que ponían en jaque a la naciente democracia. El actual gobierno promueve la derogación de las mismas en un contexto sumamente favorable a la conducción civil de las fuerzas armadas. Para ser gráfico en lo que quiero expresar, Alfonsín tuvo que lidiar con el “león suelto que todavía mostraba las garras”, Kirchner le propina latigazos a un “león que ya está domado”. Alfonsín tenía que soportar los embates de Rico y de Seineldín, Kirchner enfrenta los de Pando. El progresista no debería dejarse engañar por las sobreactuaciones del gobierno en materia de derechos humanos, y recordar que mientras este presidente critica o se olvida de los verdaderos luchadores por los derechos humanos, las verdaderas preocupaciones de Kirchner en esos años pasaban por hacer caja para su proyecto político. 

La convertibilidad en los noventa, una típica política de estabilización monetaria, fue convertida por el menemismo en su modelo económico. No importaba la desindustrialización del aparato productivo, no importaba la extranjerización de la economía, no importaba la tercerización del esquema de producción, no importaba el empleo en negro, la desocupación y el aumento de la pobreza. El verdadero progresista debería pensar si hoy el gobierno nacional plantea realmente un modelo de desarrollo productivo estable y eficiente. O no será que otra política de estabilización monetaria, en este caso la devaluación, una vez más se convierte en la única propuesta de desarrollo económico. ¿O acaso los problemas antes citados no se mantienen? Una verdadera agenda de desarrollo progresista debería contemplar la detección de nichos de mercados en la economía mundial que posibiliten un desarrollo productivo endógeno sustentable en el largo plazo. 

La falta de equidad en la distribución de ingresos era un tema que preocupaba muchos a las mentes progresistas. En los noventa se había vendido, y muchos compraron, la teoría del derrame. La idea era que primero había que crecer para luego distribuir la riqueza material que el progreso económico generaba. Así fue como crecimos y crecimos, pero la riqueza en vez de redistribuirse se concentraba cada vez más en sectores minoritarios y privilegiados de la sociedad. El patrón de distribución del ingreso no se ha alterado en la gestión kirchnerista ni un ápice, más bien esta distribución se hace cada vez más regresiva. La concentración se ha profundizado y hoy la brecha que separa al 10% de la población más rica del 10% de la población más pobre es cada vez mayor. Por lo tanto, el verdadero progresista no puede negar que detrás del discurso “progre” del presidente se oculta una verdad contundente: la reedición de la teoría del derrame. 

El menemismo justificaba su accionar con argumentos democráticos: el pueblo me vota en su mayoría por lo tanto avala con su voto lo que esta gestión hace. Para reforzar estos justificativos democráticos un periodista amigo de entonces le organizaba la plaza del SI. Las fuerzas políticas que en ese momento denunciaban los atropellos menemistas eran acalladas por la fuerza y la contundencia de los argumentos democráticos. En ese momento el progresismo formaba parte de las voces minoritarias que gritaban a los cuatro vientos los escándalos vergonzantes del menemismo. Hoy la patota oficial vuelve una vez más a utilizar los mismos argumentos: si la mayoría está conmigo el pueblo avala lo que hago, y los grupos minoritarios que insisten con permanecer en la oposición son vilipendiados públicamente y asociados con oscuros intereses antinacionales. El verdadero progresismo sabe que una democracia se construye con mayorías que respetan a las minorías. El progresismo no puede respaldar a un gobierno que hace del oprobio y del apriete sus banderas de lucha.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar 

Hacia la construcción de una República Democrática (Mayo de 2007)

La Coalición Cívica propone la construcción de una República Democrática, la cual consideramos que deberá estar fundamentada en los siguientes principios orientadores:

1. Una concepción del poder no absoluto. Lejos de las posturas estatistas extremas que condicionan el desarrollo de la sociedad a las directivas que emanan de la planificación estatal, pero también alejados de las visiones que consideran al estado como mera instancia monopolizadora de la coacción estatal; nuestra propuesta es una concepción del poder que condiciona el accionar del estado a través de la Constitución, entendida esta última como la expresión del poder constituyente que emana del consenso social básico que debe existir entre las fuerzas políticas y sociales de la comunidad.
2. En cuanto a la legitimación del poder del estado, la construcción de una República verdaderamente democrática supone convertir al poder en autoridad a través del reconocimiento libre, racional y renovado de los pueblos. La implementación de procedimientos electorales democráticos, liberados de prácticas clientelares y transparentes se convierten en una herramienta fundamental para la legitimación del poder estatal.
3. El ejercicio del poder estatal deberá ser efectuado desde un marco ético general de contención. La Coalición Cívica aboga por abandonar para siempre la supuesta neutralidad ética del poder. Nuestros principios en este sentido son claros: intransigencia ética y perseverancia. La actividad del estado, e incluso la misma constitución, deben reconocer un marco normativo preciso y concreto de comportamientos y conductas éticas.
4. El poder del estado en la República Democrática, si pretendemos abandonar las tendencias hegemónicas y autoritarias, tiene que sustentarse en una división de funciones que asegure en forma simultánea: la independencia de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial; el equilibrio de los tres poderes a través de los mecanismos de frenos y contrapesos; y la coordinación de las tres funciones en la conducción eficaz del aparato estatal. Uno de los principales déficit de nuestra joven democracia es no haber podido superar el autoritarismo, este era muy fácil de identificar en el contexto de gobiernos militares represivos; pero el verdadero desafío actual es combatir y erradicar las tendencias autoritarias que moran en el corazón mismo del sistema republicano y democrático actual.
5. La República Democrática tiene dos valores políticos supremos: la libertad y la igualdad. Nuestra nación es un claro ejemplo de cómo nunca se pudieron sintetizar estos dos valores básicos. En nombre de la libertad se pisotearon las políticas de integración que tendían al logro de la igualdad. Y en nombre de la integración social se aplastaron dimensiones elementales de la libertad. Nuestra propuesta consiste en sintetizar la libertad y la igualdad, ya que una democracia no puede funcionar si no quedan asegurados los derechos sociales básicos a partir de los cuales se pueden comenzar a pensar y ejercer la libertad. La educación, la salud y el ingreso monetario deben posicionarse en un piso de igualdad mínima para todos los ciudadanos, a partir del cual el ejercicio de la libertad se transforma en una realidad material, y no en un mero ejercicio de reflexión teórica.
6. La República Democrática se transforma en un instrumento idóneo para el desarrollo económico sustentable. La República Democrática asegura la inclusión social de la totalidad de los ciudadanos, permitiendo de esta forma la creación de un mercado de consumo dinámico y con alto poder adquisitivo. El capital encuentra su mejor clima de negocios en el marco de una sociedad sin exclusión social. Las políticas de integración social se convierten de esta forma en instrumentos complementarios del desarrollo económico. Un estado que asegure reglas de juego claras y transparentes permite la conquista de dos objetivos sociales básicos: el crecimiento económico y el desarrollo social.
7. En síntesis; la ética en la conducción del estado, las instituciones republicanas para orientar el ejercicio del poder, y la distribución del ingreso para implementar un desarrollo económico-social; son los pilares fundamentales de la República Democrática que se ha propuesto construir la Coalición Cívica.

          Matías Lobos

         matíaslobos73@yahoo.com.ar

La coherencia con la nada y el silencio: las marcas del PRO (Junio de 2007)

El ingeniero Mauricio MACRI lidera un espacio político que se presenta como el máximo baluarte de la eficacia y de la eficiencia en la gestión gubernamental. El discurso del PRO no abunda en complejidades teóricas, su contenido es sencillo: las políticas públicas son diseños objetivos, las ideologías son un obstáculo para la implementación de las soluciones, los mejores administradores estatales son aquellos que no quedan envueltos en debates intelectuales estériles, sino aquellos que “saben” resolver los problemas públicos con políticas públicas eficientes.El razonamiento anterior lleva al PRO a posicionarse como una fuerza política que viene a aportar “soluciones”, y que bajo ninguna circunstancia los enfrentamientos ideológicos alejará a dicha fuerza de su verdadero objetivo: la resolución desideologizada de los conflictos y problemas sociales.Reconociendo que muchas cuestiones de políticas públicas deben ser resueltas sin quedar entrampados en debates ideológicos improductivos, la realidad es que los problemas públicos estructurales no pueden ser resueltos sin definiciones ideológicas precisas. Seamos claros: la recolección de basura, el transporte, los baches, la falta de semáforos, las comisarías bien equipadas y con personal policial idóneo; son solo algunos ejemplos de problemas de agenda pública que no merecen demasiados desvaríos ideológicos. Pero la matriz distributiva del ingreso, el modelo de desarrollo educativo y cultural, las formas de acumulación y conservación del poder, el esquema de desarrollo productivo, los mecanismos de participación y control ciudadanos en la gestión pública, las políticas sociales activas de inclusión social, los posicionamientos internacionales de la nación; son algunas de las cuestiones que no pueden ser resueltas por afuera de las definiciones ideológicas. Estas últimas cuestiones merecen un abordaje ideológico profundo, sin sectarismos, respetando la pluralidad de opiniones, pero reconociendo la necesidad de brindarle a la sociedad un sueño de transformación social que es posible lograr. El triple compromiso de la Coalición Cívica con la distribución del ingreso, con la ética en la función pública y con el funcionamiento de las instituciones republicanas; ofrece ese horizonte hacia el cual caminar.La falta de definiciones ideológicas del PRO sobre estas cuestiones públicas estructurales lo vuelve una opción política vaciada de contenido. El PRO se asemeja entonces a un frasco vacío. Sus propuestas revisten un carácter cosmético, atacan los problemas en sus aspectos más superficiales. Las propuestas del PRO no van a las raíces de los problemas. Y la causa que les impide llegar al fondo de las cuestiones es muy clara: su falta de definiciones ideológicas, su coherencia con la nada.La respuesta del PRO a esta crítica es previsible: el PRO ha decidido focalizarse en la Ciudad de Buenos Aires y ha optado de manera estratégica posponer para más adelante las definiciones nacionales. La municipalización de la elección que hace el PRO no puede ser una excusa. En los gobiernos locales (y especialmente en el gobierno de la capital) se reproducen las lógicas políticas del escenario nacional. La ciudad de Buenos Aires posee recursos y estructura para modificar las problemáticas públicas estructurales antes detalladas. La Coalición Cívica propone llevar adelante los valores de la igualdad y de la libertad con políticas concretas, que permitan mostrar un modelo de gestión alternativo al implementado en la órbita nacional.La coherencia con la nada del PRO se complementa con la estrategia del silencio. En este punto vuelve a operar como mecanismo de justificación la municipalización de la elección. Como el PRO ha resuelto jugar su mejor carta en el distrito porteño, su máximo referente no opina sobre los temas nacionales. La manipulación de la justicia, los casos de corrupción en el estado nacional, las manipulaciones estadísticas del INDEC, la política exterior del gobierno nacional, la militarización de la provincia de Santa Cruz, los aprietes a los sectores políticos opositores, los esquemas arbitrarios de entrega de dádivas a las corporaciones amigas; son temas que no merecen la atención del máximo referente del PRO. El silencio de Macri en estas cuestiones no puede hacer otra cosa más que alimentar un secreto a voces: el empresario y dirigente futbolístico devenido en político (aunque se esfuerce en repetir hasta el cansancio que no es un político) ha decidido convertirse un una oposición funcional al proyecto presidencial. Es la oposición “domesticada” con la que sueña el presidente. La oposición que no denuncia el poder corporativo, hegemónico y corrupto. La Coalición Cívica ratifica una vez más su lugar de oposición verdadera: una propuesta que ratifica su compromiso con la construcción de un poder republicano, pluralista y ético.     

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar

Las zanahorias y el garrote: la política oficial de Kirchner (Mayo de 2007)

El gobierno nacional del Presidente Kirchner plasma en su accionar la política de la zanahoria y el garrote: para las corporaciones “amigas”, todo; para las corporaciones “enemigas”, nada.

La represión despiadada y salvaje contra los docentes en la provincia de Neuquén despertó las críticas más iracundas por parte de funcionarios nacionales y del propio presidente. La lógica discursiva es conocida hasta el hartazgo por básica y elemental: el derecho a la protesta se impone por sobre el derecho a la circulación de los habitantes. Todo el repertorio oficial cayó sobre el mandatario provincial. Lejos estamos de defender la política represiva del gobernador de Neuquén, pero también estamos muy pero muy lejos de las contradicciones flagrantes del gobierno nacional en materia de posicionamiento frente a la protesta social.

¿Qué ocurre en el pago chico del presidente con la protesta de los docentes?

En el mes de Marzo se movilizaron 8.000 docentes y trabajadores en Río Gallegos y otros 4.000 en otras catorce localidades provinciales. La huelga docente de 72 horas fue masiva. La Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a docentes, estatales, judiciales, municipales de algunas ciudades y otros gremios estatales, realizó a un paro de 24 horas el jueves 29 de marzo.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar: la militarización de la provincia. Llenó la provincia con tropas de la Gendarmería, ocupó militarmente las escuelas, puso al conjunto del aparato represivo provincial bajo el comando de la Side, lanzó un spot televisivo donde compara a los docentes con “subversivos (…) que quieren destruir la provincia” y procedió a descontar de los salarios docentes (y de otros trabajadores que habían parado) el presentismo y los días de huelga. Para completar el cuadro, en la noche del sábado sus patoteros lanzaron una bomba molotov contra el local donde se realizaba un festival para recaudar dinero para el fondo de huelga.

La política del garrote se expone de manera explícita, no quedan márgenes para las elucubraciones teóricas, la máscara pseudo progresista se cae, Kirchner se muestra tal como es, las presiones corporativas que no se canalizan a través de la estructura oficial se castigan y se desacreditan.

Pero la política nacional no se agota en los garrotes, el líder sureño aprendió las primeras lecciones maquiavélicas sobre el uso del poder: los representantes de las corporaciones cercanas al gobierno reciben incentivos materiales concretos que pagan su fidelidad hacia el gobierno. La política de las zanahorias se muestra con total desfachatez. En el marco de las concertaciones salariales con gremios “amigos” el presidente sostuvo que “… nunca en la historia mejoraron tanto los salarios docentes en la Argentina”, haciendo referencia al piso mínimo salarial superior a los $1000 que se pactó con la CTERA. La respuesta de los docentes santacruceños fue concreta y precisa: “… el que debe tener memoria es el Presidente; nunca en la historia estuvimos tan lejos de la canasta familiar. Nunca tuvimos tan depreciado nuestro poder adquisitivo; él instaló durante su gobierno la flexibilidad laboral a través del presentismo”. Sería bueno que el INDEC (si es que dicho organismo, luego de las burdas manipulaciones a las que ha sido sometido, puede aun brindar información estadística confiable) le informe al Presidente los valores de la canasta básica de bienes y servicios en las provincias patagónicas, ya que lo que se atreven a peticionar los docentes santacruceños es un ingreso monetario que les permita situarse por encima de la línea de la pobreza. Eso es todo señor presidente: docentes que no quieren ser pobres.

Pero la política del garrote no se agota en los temas planteados en los párrafos anteriores. El reclamo docente es censurado por la mayoría de los medios de comunicación provincial, que vale recordar son de propiedad de Rudi Ulloa, ex chofer del presidente de la Nación, y también por la mayoría de los medios privados que están absolutamente cooptados por la pauta publicitaria del Estado provincial.
Esos medios de comunicación omiten, por ejemplo, la existencia de una bomba molotov, que explotó hace pocas noches en el Gimnasio Benjamín Verón de Río Gallegos, cuando docentes estaban haciendo una jornada de reflexión para ver cómo juntaban fondos para pagar a los damnificados por los desgraciados descuentos aplicados por el gobierno provincial a los sueldos del último mes, descontando a los docentes el presentismo y todo lo que se les puede descontar de lo que se les paga en negro. Esos medios de comunicación han callado también el secuestro de un hijo de una dirigente gremial del sector sanitario, con vehículos que todos sabemos que si no son de Gendarmería son de la Policía provincial.

El esquema corporativo, autoritario y hegemónico del Presidente no ofrece espacios para las dudas: los “amigos” reciben zanahorias, los “enemigos” garrotes. Frente a esta lógica del poder la opción de la Coalición Cívica es tajante: un esquema de poder republicano, democrático y pluralista.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar